CNDH y Gobierno rechazan informe de la ONU sobre desapariciones; lo califican de sesgado
Ciudad De México, 05 de abril de 2026.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó las conclusiones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) sobre México. El organismo sostuvo que la decisión del comité de pedir al secretario general de la ONU que remita el caso a la Asamblea General parte de una “lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional”.
La CNDH afirmó que el comité basó su decisión en peticiones de ONG y colectivos de familiares, privilegiando posturas de organizaciones como el Centro Prodh por encima de los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales del Estado mexicano en los últimos siete años. Además, argumentó que antes de una intervención de esa naturaleza debieron agotarse primero las instancias nacionales previstas en la convención internacional.
En su defensa, la CNDH acusó al CED de ignorar los artículos 30 y 31 del tratado relativos a las condiciones para su intervención. El organismo recordó que desde 2023 ha advertido del uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas y señaló que en la actual gestión ha emitido 14 recomendaciones por desaparición forzada sobre hechos de años anteriores y otras cinco por casos recientes, con expedientes que abarcan de 1958 hasta 2022 en estados como Morelos, Sinaloa, Durango, Guerrero y Puebla.
Sobre la tendencia del delito, la CNDH aseveró que los casos de desaparición forzada “han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”. No obstante, el comité incurrió en contradicción, según la CNDH, al afirmar que no hay indicios suficientes de una política federal deliberada para desaparecer personas y, por otro lado, concluir que estos hechos ocurren conforme a políticas estatales u organizacionales. La CNDH sostuvo que las desapariciones forzadas como política de Estado corresponden a los periodos de la ‘Guerra Sucia’ (1951-1990) y de la ‘guerra contra el narcotráfico’ (2006-2012).
La CNDH también rechazó la propuesta de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y un mecanismo especial de esclarecimiento del comité, al considerar que reproduce fórmulas externas que no mejoraron antes la situación de derechos humanos en el país, y arremetió contra ONG que, según dijo, lucran y politizan el tema. Por su parte, el Gobierno mexicano tachó el informe del CED de “tendencioso” y con “falta de rigor jurídico”.
Frente a esta postura, Amnistía Internacional celebró la decisión del comité, pidió aceptar la cooperación internacional y advirtió que la crisis afecta a más de 132,000 familias. El colectivo ‘Glorieta de las y los Desaparecidos’ exigió respuestas claras por parte del gobierno federal y atender las recomendaciones de la ONU, señalando que no existen motivos para que el Estado tome una postura defensiva.
El colectivo destacó que el informe del CED subraya que los esfuerzos del Estado han resultado ineficaces e insuficientes, lo que se traduce en una impunidad casi absoluta. “El Comité toma como propios los indicios de la magnitud del fenómeno basándose en las cifras oficiales: más de 132,400 personas desaparecidas y la crisis de 72,000 restos humanos sin identificar en más de 4,500 fosas”, indicó el grupo. Asimismo, denunciaron que las desapariciones forzadas son actos de lesa humanidad y que el comité concluyó que las autoridades responsables siguen rebasadas por la magnitud de los crímenes.