SCJN atrae caso de presunto huachicol fiscal por falta de procedibilidad
Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo ayer la revisión del caso de huachicol fiscal más relevante hecho público en el país, involucrando a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, debido a la falta de procedibilidad en el proceso penal original. La decisión busca determinar qué autoridad, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), debe representar el interés fiscal en estos litigios.
El caso surge tras la anulación del proceso penal por un tribunal federal en Veracruz, el cual determinó que no se cumplió con el requisito de procedibilidad al faltar la intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM. Además, se señaló una citación incorrecta durante la audiencia inicial, lo que motivó la intervención del máximo tribunal del país para aclarar los criterios legales aplicables.
Según reportes de La Jornada, la atracción del caso por parte de la SCJN marca un precedente importante en la persecución de delitos contra el fisco federal relacionados con el robo de combustible. En el centro de la controversia figura la presunta sustracción de 21.5 millones de litros de diésel, una cifra que dimensiona la magnitud del daño económico alegado.
La empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables está vinculada a los hechos, aunque la investigación no especifica su ubicación exacta ni el monto económico total del presunto contrabando. La falta de claridad sobre estos datos subraya la complejidad técnica del caso, que ahora dependerá de la interpretación constitucional que realicen los ministros de la Corte.
Con esta acción, la SCJN establecerá un criterio vinculante sobre la legitimidad de las partes en procesos de huachicol fiscal, resolviendo la duda sobre si corresponde al SAT o a la ANAM encabezar la representación del interés del Estado. Este precedente podría modificar la estrategia de persecución de delitos fiscales en todo el territorio nacional.
La resolución de la Suprema Corte será esperada por operadores jurídicos y autoridades fiscales, dado que definirá los protocolos obligatorios para futuras investigaciones de esta naturaleza, asegurando que los procesos cumplan con los requisitos de procedibilidad desde su inicio.