Maduro declara ante juez federal que fue secuestrado y hecho prisionero de guerra por EE.UU.

Por Redacción

Nueva York / Caracas, 6 de enero de 2026. – Nicolás Maduro compareció este martes por primera vez ante un juez federal en el Distrito Sur de Nueva York y afirmó categóricamente que su captura por fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero fue un secuestro ilegal y que actualmente se encuentra en condición de prisionero de guerra, en violación flagrante del derecho internacional y de las convenciones de Ginebra. Durante la audiencia inicial presidida por el juez Alvin Hellerstein, Maduro —vestido con uniforme naranja de detenido y esposado— rechazó las acusaciones formales en su contra por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a gran escala, lavado de dinero y tráfico de armas, calificándolas como “fabricadas por el imperio” para justificar una agresión armada contra Venezuela. “Fui secuestrado en mi propia residencia por comandos extranjeros que invadieron territorio soberano venezolano. No soy un delincuente común, soy el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela y ahora soy un prisionero de guerra político”, declaró Maduro con voz firme, agregando que su traslado forzado a Estados Unidos constituye un crimen de lesa humanidad y una violación a la soberanía nacional. El exmandatario exigió ser tratado como prisionero de guerra bajo las normas de la Convención de Ginebra de 1949, solicitando acceso inmediato a representantes de la Cruz Roja Internacional, a observadores de la ONU y a delegados de gobiernos aliados como Rusia, China, Cuba e Irán. También pidió que se declare la ilegalidad de su detención y se ordene su repatriación inmediata a Caracas. El fiscal del Departamento de Justicia, Damian Williams, presentó los cargos actualizados del indictment de 2020 (reforzado con evidencia recolectada tras la captura), incluyendo grabaciones, testimonios de desertores y documentos de inteligencia que vinculan a Maduro con el Cartel de los Soles y con envíos de cocaína protegidos por el régimen. Williams argumentó que Maduro no califica como prisionero de guerra porque no existe un conflicto armado declarado entre EE.UU. y Venezuela, y que la operación fue una acción de captura de un fugitivo buscado por delitos graves, no una intervención bélica. El juez Hellerstein rechazó de inmediato la solicitud de estatus de prisionero de guerra, señalando que el caso se tramita bajo jurisdicción penal ordinaria y que Maduro será tratado como cualquier acusado federal en espera de juicio. Sin embargo, permitió que se registre formalmente la objeción de la defensa para apelación futura. La abogada designada por Maduro, Ilaira Rodríguez, argumentó que la captura ocurrió en territorio venezolano sin autorización del gobierno legítimo, lo que convierte la acción en un acto de guerra y no en una detención policial. Pidió que se suspenda el proceso hasta que la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia se pronuncien sobre la legalidad de la incursión. Maduro también denunció maltrato durante su traslado: afirmó haber sido sometido a “interrogatorios coercitivos” a bordo del buque USS Iwo Jima y en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde permanece recluido en aislamiento preventivo. Exigió que se le permita contacto con su esposa Cilia Flores (también detenida en Nueva York) y con sus hijos, y que se le conceda acceso a medios de comunicación venezolanos para dirigirse al pueblo. La audiencia duró aproximadamente dos horas y terminó con la fijación de la próxima cita para el 15 de febrero, donde se discutirá la fianza (que la fiscalía ya adelantó que pedirá denegada por riesgo de fuga) y la agenda de pruebas. Fuera del tribunal, simpatizantes chavistas en Caracas y Nueva York protestaron exigiendo la liberación inmediata de Maduro, mientras opositores celebraron la comparecencia como un paso hacia la justicia. El gobierno interino de Delcy Rodríguez condenó la audiencia como “teatro imperialista” y reiteró que Maduro es el presidente legítimo, convocando a una movilización nacional el próximo sábado. La Casa Blanca, a través del portavoz Karoline Leavitt, calificó las declaraciones de Maduro como “intentos desesperados de victimizarse” y reiteró que la captura fue una operación legítima contra un narcotraficante internacional. Analistas internacionales advierten que el argumento de “prisionero de guerra” podría complicar el proceso si se traslada a instancias multilaterales, aunque expertos en derecho penal consideran improbable que prospere en tribunales estadounidenses. La situación mantiene en vilo la transición en Venezuela, con Delcy Rodríguez consolidando su rol interino mientras la defensa de Maduro prepara una estrategia de confrontación internacional.