Captura de menores por secuestro y homicidio reaviva debate sobre abandono institucional en Baja California
Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores, mientras el oficialismo pide el endurecimiento de las penas. En poco más de una semana, ocho menores fueron detenidos vinculados a crímenes atroces como secuestro y homicidio.
Dos de los ocho detenidos tenían 13 y 14 años de edad. Tres de ellos fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, de 50 años, conductor de InDrive, a quien habrían matado de un balazo para luego trasladar su cuerpo a un terreno despoblado, incendiándolo después de videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos hechos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. Sin embargo, este enfoque centra el debate en establecer como únicos responsables a los adolescentes sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, su susceptibilidad a la delincuencia organizada, ni la deshumanización y falta de atención temprana de salud mental.
Este contexto recuerda lo ocurrido en septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), irrumpieron en la casa hogar ‘A Way Out’. El inmueble, ubicado en la colonia Robledo de Mexicali, era dirigido por la activista Gabriela Ortiz y atendía a niños y adolescentes que ninguna otra institución recibía, incluyendo jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada.
Ortiz había logrado el inmueble mediante un comodato para atender casos complejos. El albergue cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados; las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada señalamiento fue desacreditado. Entre las denuncias figuraba que los menores eran obligados a hacer sus necesidades en baldes, cuando la realidad era que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) dejó sin agua el lugar por varios días, obligando a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación.
Gabriela Ortiz denunció durante muchos años abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, quienes condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo. Al no prestarse a ello, la activista fue castigada varias veces. La situación actual de los menores detenidos refleja la vulnerabilidad de la adolescencia y la falta de espacios de atención especializada.