Avanza ‘Plan B’ electoral en comisiones del Senado con ausencia del PT y división en el INE
Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron este martes el dictamen de la reforma electoral denominada ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con 24 votos a favor y 11 en contra. La votación reflejó el respaldo de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero se llevó a cabo sin la presencia de los legisladores del Partido del Trabajo (PT), aliados de la coalición gobernante que mantienen reservas sobre el contenido de la iniciativa, específicamente en lo concerniente a la fecha de la revocación de mandato.
El dictamen fue avalado en una sesión marcada por retrasos y negociaciones previas entre los líderes parlamentarios. En la Comisión de Puntos Constitucionales se registraron 11 votos a favor y cinco en contra, mientras que en Estudios Legislativos la cuenta fue de 13 a favor y seis en contra. Con este resultado, el proyecto pasa ahora al pleno de la Cámara Alta, donde se requiere una mayoría calificada de 86 votos de los 128 senadores para su aprobación definitiva, cifra que obliga al oficialismo a asegurar el apoyo de los nueve legisladores del PT, cuyo voto permanece incierto.
La ausencia de los senadores del Partido del Trabajo en la votación de comisiones contrasta con los mensajes de unidad difundidos por Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien publicó en redes sociales una fotografía afirmando la cohesión del bloque. Sin embargo, Alberto Anaya, líder nacional del PT, había mantenido hasta la noche anterior su postura de no apoyar la reforma si no se modifica la propuesta de realizar la revocación de mandato en 2027, año de elecciones intermedias, en lugar de 2028 como estaba previsto originalmente. Legisladores de Morena han argumentado que empatar ambos procesos busca reducir costos operativos y evitar cargas adicionales a la ciudadanía.
El debate en el Senado también estuvo precedido por una controversia dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, envió un documento a la Cámara Alta señalando dificultades técnicas y operativas derivadas del ‘Plan B’. No obstante, siete de los 11 consejeros del organismo —Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Rita Bell López, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz— emitieron un comunicado para deslindarse de dicho escrito, asegurando que no fue consensuado y que no representa la postura institucional del consejo general, lo que evidencia una fractura en la autoridad electoral.
En el análisis del dictamen, legisladores de la oposición integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la reforma permitiría que el titular del Ejecutivo promueva el proceso de revocación de mandato simultáneamente con las campañas electorales de 17 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados en 2027. Durante la discusión, el senador de Morena Pável Jarero Velázquez defendió la propuesta bajo el argumento de la democracia directa, afirmando que el pueblo tiene la facultad de decidir si un gobernante debe continuar o dejar el cargo.
Ante la posibilidad de que la reforma no alcance los votos necesarios en el pleno debido a la resistencia del PT, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado escenarios alternativos durante su conferencia matutina. La mandataria sugirió que se podría votar la iniciativa por partes, aprobando los cambios relacionados con la reducción de regidurías municipales y los límites al presupuesto de los congresos estatales, mientras se deja fuera temporalmente la modificación al artículo 35 constitucional sobre la revocación de mandato. Sheinbaum rechazó que la iniciativa tenga fines electorales y acusó a la oposición de bloquear el debate sin argumentos sólidos.
La sesión en el pleno del Senado está programada para este miércoles, donde se definirá el futuro de la reforma que busca ajustar el sistema electoral mexicano. La incógnita principal reside en la capacidad de negociación del oficialismo para sumar los votos faltantes o en la decisión de fragmentar el dictamen para salvar parcialmente la agenda legislativa de la presidenta, en un contexto de alta polarización política y tensiones institucionales.