A una semana de las elecciones, diarios de EE. UU. analizan expansión del crimen organizado en México
A una semana de las elecciones presidenciales en México, dos de los diarios más importantes de Estados Unidos, The Washington Post y The New York Times, han dedicado sus primeras planas a la alarmante expansión del crimen organizado en el país. Estas publicaciones destacan cómo los cárteles han diversificado sus actividades más allá del tráfico de drogas, incursionando en la extorsión de diversos sectores de la economía mexicana.
The Washington Post ha investigado cómo los cárteles han infiltrado el negocio de la tortilla, extorsionando a pescadores, vendedores de pollo, empresas de transporte, gasolineras y ahora a los vendedores de tortillas.
Según el Consejo Nacional de la Tortilla, al menos el 15 por ciento de las tortillerías en México, alrededor de 20 mil, son extorsionadas regularmente. En Morelos, las pandillas exigen pagos de 900 pesos mensuales a las tortillerías, mientras que en Cuautla la cifra se eleva a 50 mil pesos, según denuncia el obispo del estado, monseñor Ramón Castro Castro.
Eduardo Moncada, politólogo, sostiene que los grupos criminales recurren a la extorsión como medio para generar ingresos y combatir a rivales. En Sinaloa, el cártel una vez dirigido por ‘el Chapo’ Guzmán ha impuesto a su gente en oficinas que supervisan el riego agrícola, cobrando “impuestos” adicionales a los agricultores que no colaboran. En Guerrero, los cárteles obligan a los agricultores a venderles maíz para abastecer a las tortillerías, inspeccionando inventarios para asegurar su control.
The New York Times aborda el incremento de la violencia electoral, contabilizando el asesinato de 36 personas que aspiraban a cargos públicos.
Explica que la magnitud de los comicios del 2 de junio, las más grandes en la historia de México con 20 mil cargos locales y más de 600 a nivel federal en juego, ha exacerbado esta violencia. Sandra Ley, analista de Seguridad de México Evalúa, detalla que los cárteles buscan infiltrarse en gobiernos municipales para acceder a recursos e información y capturar el aparato de seguridad.
Por Luis Martínez Alcántara.