FGR busca frenar libertad de Duarte: Acusa mala conducta con testigos en audiencia clave
Ciudad de México – 20 de noviembre de 2025 – La Fiscalía General de la República (FGR) presentó seis testigos en la audiencia de Javier Duarte de Ochoa para acreditar su “mala conducta” en prisión y evitar su liberación anticipada del Reclusorio Norte, donde cumple una sentencia de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa desde 2018. La jueza de control Ángela Zamorano Herrera, en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en el Reclusorio Norte, concedió un receso para alegatos finales tras los testimonios, que detallaron seis negativas de Duarte a audiencias por desaparición forzada en 2021 y 2022, incluyendo alegatos de COVID-19, malestares estomacales y vómitos que retrasaron procesos. El exgobernador de Veracruz, de 48 años, podría salir en abril de 2026 al cumplir el 95% de su pena, pero la FGR argumenta que viola el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal por obstruir la justicia.
La audiencia, iniciada a las 09:55 horas del 19 de noviembre –con 10 minutos de retraso por la agenda de la jueza–, se centró en la solicitud de libertad anticipada presentada por la defensa de Duarte, que desistió de su testigo clave, Luis Ángel Hernández Salas, director jurídico del Reclusorio Norte, quien atestiguaría a favor de su buena conducta. Los testigos de la FGR, cuatro fiscales veracruzanos y dos federales, relataron episodios específicos: en agosto de 2021, Duarte alegó contagio de COVID-19 por contacto con internos enfermos, reprogramando la diligencia; en noviembre del mismo año, se negó a salir de su celda; y en 2022, durante la audiencia del 16 de noviembre por la carpeta 103/2018 –desaparición forzada de un taxista en Coatepec en abril de 2013–, vomitó, solicitó diferimiento alegando falta de salud y un juez de la CDMX en lugar de Veracruz, y se retiró sin autorización, requiriendo ser llevado de vuelta atado a una silla.
Denisse Moreno Córdova, fiscal especializada en Desapariciones de Veracruz, testificó como la sexta y última: “La audiencia inició tarde porque el señor Javier Duarte dijo que no tenía condiciones de salud, que había vomitado y solicitó diferimiento porque pedía un juez de la Ciudad de México y no de Veracruz, y luego se retiró sin autorización”. Manuel Granados Quiroz, fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, se mostró confiado: “Son varios los puntos para que siga en prisión. El artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala hipótesis no satisfechas, como la conducta evidente de mala conducta durante su internación”. Ningún testigo mencionó otras sentencias pendientes o medidas cautelares, pero la FGR argumenta que estas obstrucciones impactan directamente en la evaluación de su conducta.
Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz por el PRI (2010-2016), fue arrestado en Guatemala en abril de 2017 y extraditado a México en julio de ese año. En 2018, se declaró culpable de asociación delictuosa y lavado de 18.7 millones de pesos desviados de fondos públicos, recibiendo nueve años de prisión y multa de 5.5 millones de pesos, más reparación del daño de 2.600 millones. En 2021, enfrentó cargos por desaparición forzada en la carpeta 103/2018, pero en 2024 un juez federal lo exoneró por confesiones obtenidas bajo tortura, decisión apelada y notificada el 5 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz. Su defensa, liderada por Ricardo Sánchez García, insiste en que cumple requisitos para libertad al 95% de la pena, pero la FGR sostiene que obstrucciones equivalen a mala conducta.
La audiencia, que duró más de cuatro horas, concluyó con receso para alegatos, con resolución pendiente para la próxima semana. Granados Quiroz expresó confianza en que Duarte cumpla la pena completa, citando el artículo 141 que exige buena conducta y reparación de daños –pendiente de 2.600 millones de pesos.
Duarte, capturado en 2017 en Guatemala tras huir por desvíos de 37.000 millones de pesos durante su gubernatura, enfrenta procesos pendientes por peculado y desapariciones. En 2024, fue exonerado de desaparición forzada por tortura en confesiones, decisión apelada y notificada el 5 de noviembre de 2025. Su caso simboliza la lucha anticorrupción de la 4T, con Sheinbaum reiterando en su mañanera del 19 de noviembre: “No habrá impunidad para exgobernadores corruptos”.