110 años después: ellas gobiernan México, pero la violencia las sigue matando
•Paridad en el poder, rezago en la vida cotidiana: de las muertas de Juárez al México de la primera presidenta.
•Paridad histórica: México alcanzó un equilibrio inédito en el poder político: Congreso paritario, mujeres al frente de gobiernos estatales y una Suprema Corte con mayoría femenina.
•Violencia persistente: pese a los avances, el país mantiene un promedio de más de nueve mujeres asesinadas cada día, de acuerdo con registros oficiales.
•Derechos vs. realidad: el marco legal se expandió, pero la violencia se desplazó del ámbito privado al espacio público y comunitario.
Por Redacción
De 1916 a 2026: el salto institucional
En enero de 1916, mientras México aún se reconstruía tras la Revolución, más de 600 mujeres se reunieron en Mérida, Yucatán, para debatir lo que entonces era impensable: educación laica, derechos laborales, participación política y ciudadanía femenina. Aquellas discusiones no tuvieron efectos inmediatos, pero sembraron la semilla del feminismo organizado en México.
Ciento diez años después, el paisaje institucional es radicalmente distinto. México tiene a su primera mujer presidenta; la Cámara de Diputados cuenta con 251 mujeres y 249 hombres; el Senado está integrado de manera paritaria; y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es, por primera vez, mayoritariamente femenina. A ello se suma la presencia de gobernadoras, secretarias de Estado, ministras, fiscalas y magistradas en posiciones clave.
Desde el punto de vista político, el objetivo que aquellas congresistas de 1916 apenas podían imaginar se ha materializado: las mujeres gobiernan.
La paradoja del poder
Sin embargo, el avance institucional convive con una realidad más áspera. Los mismos años en que México consolidó la paridad, la violencia contra las mujeres no retrocedió. Al contrario, se transformó.
De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la violencia es una experiencia extendida en la vida de las mujeres mexicanas y la violencia letal se mantiene como el indicador más crítico. En promedio, más de nueve mujeres son asesinadas cada día en el país. Es el dato que rompe cualquier narrativa triunfalista.
El contraste es contundente: nunca hubo tantas mujeres en el poder y nunca fue tan evidente la brecha entre derechos formales y seguridad real.
Cuando la violencia salió de la casa
Hace un siglo, la violencia contra las mujeres se entendía casi exclusivamente como un problema doméstico, privado y silenciado. Hoy, ese marco resulta insuficiente. La violencia se expandió al espacio público: calles, transporte, centros de trabajo, territorios controlados por economías criminales e incluso el ámbito político.
Este desplazamiento no es anecdótico. Implica que, aun con mayor autonomía económica y presencia pública, muchas mujeres enfrentan nuevos riesgos. La libertad de moverse, trabajar, participar y decidir sigue teniendo costos desiguales.
Juárez: el origen del diagnóstico nacional
Antes de que la paridad se convirtiera en mandato constitucional, Ciudad Juárez obligó al país a mirar de frente la violencia extrema contra las mujeres. Las llamadas muertas de Juárez, desde los años noventa, no fueron un episodio local ni una excepción: fueron el primer síntoma de un fenómeno estructural.
En Juárez se repitieron patrones que hoy siguen presentes en otras regiones: cuerpos abandonados en espacios públicos, violencia sexual, desapariciones, fallas en la investigación y una impunidad que se volvió regla. La frontera mostró que el problema no era cultural ni individual, sino institucional y estructural.
Juárez, más que un recuerdo incómodo, es una advertencia vigente.
El marco legal: avances reales, aplicación desigual
En las últimas décadas, México construyó uno de los marcos normativos más amplios de la región en materia de igualdad de género: paridad constitucional, tipificación de la violencia política de género, reformas en igualdad sustantiva, ampliación de medidas de protección y transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas.
Esta semana, incluso, se publicaron reformas para reforzar obligaciones del Estado en materia de igualdad y protección. El problema no es la ausencia de leyes, sino su aplicación desigual. La distancia entre la norma y la experiencia cotidiana sigue siendo amplia, especialmente para mujeres indígenas, rurales, migrantes, pobres y en contextos de violencia criminal.
Los pendientes estructurales
La violencia letal no es el único rezago. Persisten otros nudos que explican por qué la igualdad sustantiva no se materializa:
Brecha salarial: las mujeres siguen ganando menos que los hombres, incluso realizando trabajos equivalentes.
Sistema de cuidados: el trabajo no remunerado continúa recayendo mayoritariamente en ellas, limitando su autonomía económica y política.
Acceso a la justicia: denunciar sigue siendo costoso, lento y, en muchos casos, revictimizante.
Prevención: el Estado reacciona tarde; la política pública preventiva sigue siendo fragmentada.
Estos pendientes revelan que el feminismo institucional avanzó más rápido que la transformación social y cultural.
A 110 años del Primer Congreso Feminista de Yucatán, México cumplió una promesa histórica: las mujeres llegaron al poder. La deuda pendiente es más elemental y más urgente: que ese poder se convierta en protección, para que ninguna mujer tenga que pagar con la vida el derecho a participar, decidir y gobernar.