Zapatero declara ante la Audiencia Nacional y el juez mantiene los indicios de criminalidad
Madrid, 22 de junio de 2026.- El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró durante casi tres horas (156 minutos) ante la Audiencia Nacional el pasado miércoles 21 de junio de 2026. Tras la comparecencia, el juez instructor José Luis Calama rubricó un auto indicando que el investigado no había logrado «desvirtuar los indicios racionales de criminalidad».
Al salir del juzgado, Zapatero pidió la confianza de los ciudadanos y aseguró: «Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo». Por su parte, el presidente Pedro Sánchez y el PSOE declararon su respaldo y empatía hacia el expresidente y sus hijas. «Tienen el respaldo y la empatía del PSOE, confiamos en su inocencia», afirmó Sánchez.
La investigación se centra en una comida celebrada el 26 de enero de 2021 en el restaurante Portonovo de Madrid, donde estuvieron presentes el empresario Julio Martínez Martínez y el militante socialista Tomás Guerrero Blanco. El juez Calama manifestó que no tiene claro si Zapatero era el otro comensal o si conoció esa comida de alguna manera. Zapatero conoció al empresario en 2011, año en que este compró una vivienda a la familia Zapatero-Espinosa.
En febrero de 2020, Julio Martínez Martínez fundó la consultora Análisis Relevante, entidad para la que trabajó Zapatero hasta finales de 2025. Sobre los fondos de esta empresa, el juez explicitó: «Lo que sí está claro es que el dinero que entra en Análisis Relevante es básicamente para usted como persona física y para sus hijas». Un punto débil señalado en la versión del expresidente es la imposibilidad de mostrar el rastro o huella de sus labores de consultoría.
Zapatero describió sus funciones como la elaboración de «informes generales de geoestrategia política, de economía y de las consecuencias», aclarando que estas podían incluir viajes, comidas o consultas, y no necesariamente documentos escritos. En el sumario no existe ninguna prueba directa de que el expresidente ejerciera presión contra un funcionario o autoridad pública para lograr el rescate de 53 millones de euros entregado desde el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra.