Vinculan a proceso a exgobernador Jaime Bonilla por contrato de planta fotovoltaica en Baja California
Mexicali, 25 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California logró la vinculación a proceso del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, tras una audiencia celebrada ante el Juez Gerardo Anguiano Ceja. La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para investigar al exmandatario por su presunta responsabilidad en un contrato de corrupción relacionado con la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se materializó.
El caso se centra en un acuerdo firmado durante la administración de Bonilla con la empresa contratista Next Energy, por un monto total de 4,500 millones de pesos con una vigencia de 30 años. Según la investigación fiscal, el gobierno estatal realizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la compañía, la cual no ejecutó la obra prometida. La audiencia para la resolución de la situación jurídica del implicado inició a las 09:23 horas del 23 de marzo en la ciudad de Mexicali.
Durante el procedimiento legal, la defensa de Jaime Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para contrarrestar las acusaciones de la Fiscalía. Aunque los representantes legales desplegaron una estrategia de protección, el juez consideró procedente la vinculación a proceso, lo que obliga al exgobernador a enfrentar la justicia por los hechos denunciados.
Este desarrollo judicial ocurre en un contexto de tensión política entre el exgobernador y la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila. Bonilla, quien gobernó Baja California bajo la bandera de Morena entre 2019 y 2021, actualmente se desempeña como dirigente del Partido del Trabajo (PT). La disputa por el contrato de la planta de energía se ha convertido en un punto de conflicto entre la administración saliente y la actual.
La Fiscalía de Baja California mantiene la acusación de que los fondos públicos fueron entregados sin contraprestación alguna por parte de Next Energy. Con la vinculación a proceso formalizada, el caso entra en una nueva fase de investigación donde se deberá determinar la responsabilidad penal específica de Bonilla Valdez en la autorización y firma del contrato que derivó en el presunto daño patrimonial al estado.