Senado de EE.UU. rechaza financiar al DHS y mantiene cierre parcial de la agencia
Por Redacción
Washington, 21 de marzo de 2026.- El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes 20 de marzo aprobar una ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que mantiene el cierre parcial de la agencia que comenzó el pasado 14 de febrero. La votación registró 47 votos a favor y 37 en contra, mientras que 16 senadores no participaron en la decisión, dejando sin presupuesto a la institución y obligando a más de 100,000 empleados esenciales a trabajar sin paga.
El estancamiento en el financiamiento obedece al desacuerdo entre republicanos y demócratas sobre las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, específicamente respecto a las operaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza. Los legisladores demócratas exigen cambios normativos, como prohibir que los agentes operen con el rostro cubierto y requerir órdenes judiciales para allanamientos, condicionando la aprobación de fondos a una legislación que establezca límites a dichas agencias.
En medio de la crisis presupuestaria, Markwayne Mullin, ex luchador de artes marciales mixtas de Oklahoma, se encuentra cerca de asumir la dirección del DHS. Sin embargo, la mayoría de las agencias bajo su futura supervisión llevan operando sin fondos desde mediados de febrero, según reportes internacionales que destacan la complejidad del escenario político en Washington.
La falta de acuerdo legislativo ha derivado en importantes retrasos en los aeropuertos del país, aunque no se han proporcionado cifras específicas sobre la magnitud de las demoras. La situación refleja la tensión política que prevalece en el Congreso estadounidense, donde la polarización impide desbloquear los recursos necesarios para el funcionamiento pleno de la seguridad nacional.
Con el rechazo de la propuesta de financiamiento, el cierre parcial del DHS se extiende por más de un mes, generando incertidumbre sobre la continuidad de los servicios críticos y la estabilidad laboral de los miles de funcionarios que permanecen en sus puestos sin remuneración. La búsqueda de una solución legislativa sigue pendiente ante la presión de los efectos operativos en la infraestructura de transporte y seguridad fronteriza.