SCJN y Conapred firman convenio por igualdad; organizaciones exigen derechos vinculantes para pueblos indígenas
Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) formalizaron un convenio de colaboración el 20 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de incorporar la igualdad sustantiva y la no discriminación en la labor jurisdiccional. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un contexto donde también resurgen demandas de organizaciones civiles para que los derechos de los pueblos indígenas dejen de ser solo declarativos.
La firma del convenio busca alinear criterios entre el poder judicial y el organismo garante en materia de derechos humanos. Aunque las autoridades no detallaron los mecanismos concretos de implementación ni plazos de seguimiento, la acción institucional se suma a los esfuerzos del Senado de la República, donde la senadora Malú Micher ha impulsado la armonización legislativa para uniformar las leyes de género en todos los estados del país.
En paralelo a estos anuncios oficiales, organizaciones como Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento exigiendo la expedición de una ley reglamentaria del artículo 2 constitucional. Las agrupaciones señalan que sin este marco legal, los derechos de los pueblos indígenas permanecen vulnerables y sin fuerza vinculante real.
La narrativa de avance en derechos humanos contrasta con un caso judicial específico que ha generado cuestionamientos sobre la procuración de justicia. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó un amparo a Pedro Miguel Babb Villarreal, empresario acusado de fraudes, lo que ha sido interpretado por observadores como una posible contradicción entre el discurso institucional de protección a derechos y la práctica judicial en casos concretos. En el mismo ámbito legal figuran los nombres de José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández relacionados con el contexto de la justicia.
El sistema de justicia mexicano opera actualmente con un vasto volumen de información pública; la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, reportada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, suma más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones. Esta disponibilidad de información ocurre mientras persisten vacíos legislativos señalados por la sociedad civil y debates sobre la efectividad real de las garantías constitucionales.
Las acciones de la SCJN, el Conapred y el Senado marcan una ruta de trabajo institucional para 2026, aunque la efectividad de estas medidas dependerá de la resolución de las demandas pendientes sobre leyes reglamentarias y la claridad en la aplicación de la justicia en casos de alto perfil que ponen a prueba la credibilidad del sistema.