SCJN reserva por cinco años información sobre su parque vehicular de 151 unidades
Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reservar por un periodo de cinco años la información detallada sobre su parque vehicular, compuesto por 151 unidades, tras una solicitud de acceso a la información presentada en enero de este año. El Comité de Transparencia del Alto Tribunal justificó la medida al considerar que hacer públicos datos como el modelo, costo y fecha de adquisición de los automóviles podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares del Poder Judicial.
En su resolución oficial, la SCJN señaló que la opacidad en estos datos es necesaria para “garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”. Como parte de la decisión, también se rechazó hacer pública la asignación específica de los vehículos a cada ministro, así como los registros de adquisiciones realizadas por las ponencias desde 1994 hasta la fecha.
La determinación surge en un contexto de escrutinio sobre los activos del máximo órgano judicial, posterior a la revelación de la compra de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee destinadas a los ministros. Aunque la solicitud de transparencia inicial no incluyó preguntas sobre el emplacado o la asignación nominal de los conductores, el tribunal optó por cerrar el acceso a toda la información técnica y financiera relacionada con la flota.
Como resultado de esta clasificación de la información como reservada, quedan fuera del dominio público el monto total invertido en las 151 unidades, así como los costos y modelos específicos de cada vehículo. Asimismo, no se dará a conocer la identidad de los ministros titulares a quienes se han asignado dichos recursos en los últimos tres décadas.
Esta medida de reserva limita el ejercicio del derecho de acceso a la información en materia de gastos operativos de la Corte, bajo el argumento de protección de seguridad nacional y personal de los funcionarios de mayor rango en el sistema de justicia mexicano. La vigencia de la restricción se extenderá hasta marzo de 2031, salvo que exista una nueva revisión del estatus de los datos por parte del organismo garante.