Rechaza Sheinbaum indultar a Mario Aburto; Colosio Riojas critica falta de voluntad política
Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, preso confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, al considerar que el magnicidio ocurrido en 1994 es un asunto de Estado que no puede cerrarse con medidas de gracia. La declaración se da en un contexto de tensión, pues el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de la víctima, ha solicitado el beneficio legal y cuestiona la voluntad de la titular del Ejecutivo para resolver el caso, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activa una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega por su presunta participación como un segundo tirador.
La postura de la presidenta contrasta con la visión del senador Colosio Riojas, quien afirma que Sheinbaum posee la facultad constitucional para conceder el indulto, pero carece de la voluntad política para hacerlo. Esta discrepancia marca el rumbo de las acciones legales a 32 años del crimen ocurrido en Tijuana, donde la apelación del proceso contra Sánchez Ortega lleva cuatro meses sin desahogarse desde noviembre de 2025.
En cuanto a la investigación vigente, el senador Colosio Riojas señaló que la teoría del segundo tirador no es nueva, argumentando que dicha persona ya había sido identificada hace 30 años. Esta afirmación genera una contradicción con la narrativa oficial de la FGR, que presenta el caso contra el ex agente del Cisen como una investigación activa basada en pruebas recientes, manteniendo abierta la posibilidad de esclarecer la participación de más actores en el atentado.
El caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, perpetrado el 23 de marzo de 1994, sigue siendo uno de los temas más sensibles en la agenda política mexicana. La negativa de la administración federal a cerrar el capítulo mediante un indulto refleja la complejidad jurídica y social que rodea al magnicidio, el cual es tratado por el gobierno actual con el estatus de asunto de Estado prioritario para la justicia histórica.
La situación procesal de Jorge Antonio Sánchez Ortega permanece en un limbo jurídico, con su apelación estancada por varios meses, lo que añade incertidumbre al panorama legal. Mientras tanto, las declaraciones públicas de los involucrados directos, la presidenta y el hijo de la víctima, evidencian las distintas interpretaciones sobre cómo debe concluirse o continuar la búsqueda de verdad y justicia en este caso que ha marcado a la nación por más de tres décadas.