Organizaciones denuncian patrón de represión estatal y violaciones a derechos humanos en América Latina
Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron un patrón regional de represión estatal que incluye desapariciones forzadas, deportaciones masivas sin garantías legales y confiscación de bienes a opositores políticos en Argentina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, según reportes de Human Rights Watch y testimonios de víctimas directas.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha implementado políticas migratorias endurecidas inspiradas en el modelo de Donald Trump, resultando en 5.000 personas no admitidas o expulsadas en dos meses. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció medidas que organizaciones civiles consideran un desmantelamiento de políticas de memoria, en un país con 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura como cifra referencial histórica.
Las deportaciones desde Argentina aumentaron 40% en 2024, con 620 personas expulsadas ese año. En Mendoza, vecinas como Macarena Limousin lideran protestas socioambientales relacionadas con el proyecto minero San Jorge, mientras economistas como Mercedes D’Alessandro han cuestionado las políticas económicas del gobierno actual.
En Venezuela y Nicaragua, los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega junto a Rosario Murillo enfrentan denuncias por desapariciones forzadas y confiscación de bienes a opositores. Lilian Tintori realizó una denuncia pública sobre la situación, mientras que dirigentes chavistas como Carlos Brenes figuran entre los desaparecidos. Opositores como William Dávila, Enrique Márquez y Leopoldo López han sido afectados por estas medidas.
El Salvador registra la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos, incluyendo a César Humberto López Larios, conocido como El Greñas. El gobierno estadounidense y las autoridades salvadoreñas acusan a los deportados de pertenecer a la pandilla MS-13, pero familias de las víctimas y Human Rights Watch niegan esa condición para la mayoría de los casos. Más de 9.000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU. en 2025, siendo 10% de ellos personas con antecedentes penales.
Activistas como Amaru Ruiz y familiares de víctimas como Thelma Brenes han testimoniado sobre las violaciones a derechos humanos. Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, emitió un comunicado oficial sobre la situación regional. Más de 250 venezolanos también fueron deportados desde Estados Unidos durante este periodo.
Las contradicciones en los casos incluyen la falta de evidencia pública que vincule a la mayoría de los deportados desaparecidos con pandillas, más allá del caso de El Greñas. Las organizaciones de derechos humanos continúan documentando estos patrones de represión estatal mientras esperan respuestas oficiales de los gobiernos involucrados sobre las acusaciones de desaparición forzada y violaciones sistemáticas a derechos humanos.