Organizaciones civiles piden a la CIDH vigilar desplazamiento forzado en México
Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile la situación del desplazamiento forzado interno en México, fenómeno que ha afectado a más de 28 mil 900 personas solo en 2024. La petición se da en un contexto marcado por la violencia del crimen organizado y fallas en la procuración de justicia, como lo evidenció la reciente absolución del único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes en Morelos.
De acuerdo con cifras recabadas por las organizaciones, entre 2016 y 2024 cerca de 390 mil personas han sido desplazadas forzadamente en México, principalmente en estados como Guerrero y Morelos, donde la disputa territorial entre grupos criminales es constante. El desplazamiento forzado, reconocido como una violación grave a los derechos humanos, se ha documentado en contextos de amenazas, violencia y presencia de grupos armados.
Paralelamente, la lucha contra el crimen organizado continúa mostrando grietas profundas en el sistema de justicia. En días recientes, un juez de Morelos absolvió a Javier ‘N’, único detenido por el homicidio del defensor comunitario Samir Flores Soberanes, ocurrido en febrero de 2019. La Fiscalía General del Estado presentó pruebas que el tribunal consideró insuficientes para una condena, en un caso donde dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones durante la investigación.
En otro frente, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, perpetrada por elementos del Ejército, y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas y medidas de reparación integral, lo que mantiene el caso en negociación.
Expertos señalan que el crimen organizado trasnacional en México ya no se limita al narcotráfico, sino que incluye múltiples actividades ilícitas y, en ocasiones, la participación o connivencia de entidades legales e incluso estatales. Esta complejidad, sumada a la impunidad en casos emblemáticos, dificulta la protección de las comunidades y genera un ambiente propicio para el desplazamiento forzado.
La solicitud a la CIDH busca que el organismo internacional ejerza presión para que el Estado mexicano implemente políticas públicas efectivas de prevención, atención y protección a las víctimas de desplazamiento, así como para que investigue y sancione a los responsables, ya sean actores criminales o servidores públicos.