ONU eleva a urgente crisis de desapariciones en México ante Asamblea General; gobierno rechaza informe
Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General, tras activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La solicitud ha sido enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, para que remita el caso de manera inmediata.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del comité, subrayó que lo que define esta categoría es el patrón de los ataques contra la población civil y su magnitud, no necesariamente que sean orquestados desde las altas esferas del gobierno. Como prueba de la gravedad, el organismo citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y aseguraron que el documento se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, circunscribiéndose además a solo cuatro estados de la República.
La SRE afirmó que el propio CED admite en su resolución que no hay indicios de una política federal para cometer ataques sistemáticos. En un comunicado, la cancillería declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. Asimismo, el gobierno lamentó que el comité rechazara revisar la información actualizada presentada el 27 de marzo, la cual incluye herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
El gobierno mexicano destacó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019, con reformas clave en julio de 2025. No obstante, el CED señaló que no ha habido una mejora sustancial desde su visita en 2021 y advirtió que en algunos casos las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos o su aquiescencia. Además, México cuestionó la imparcialidad del órgano al señalar que al menos uno de sus integrantes trabajó para organizaciones que han denunciado al Estado.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano y lamentó que no se aproveche la oportunidad para reconocer la dimensión del problema. “Es una muy mala señal”, indicó Corcuera, quien aclaró que la responsabilidad internacional del Estado abarca todos los órdenes de gobierno y que la definición utilizada por el comité es un estándar consolidado en el derecho internacional.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año. “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, sostuvieron las autoridades federales.