ONU activa artículo 34 por desapariciones forzadas en México; gobierno rechaza informe
Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, tras destacar la “imperante impunidad” y una “impunidad estructural” que reproduce este delito en el país. La decisión se basa en cifras que indican más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 y alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar a inicios de este año.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que estas cifras son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. El organismo recordó que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad. En 2021, el Comité recibió testimonios que atribuían desapariciones a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, así como a empresas de seguridad privada y grupos delictivos.
El informe detalla patrones específicos en cuatro estados paradigmáticos: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también señaló la prevalencia del problema en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. En el caso de Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” entre 2006 y 2016, identificando colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno.
Según la investigación, entre 2009 y 2012 fuerzas policiales de Coahuila secuestraron víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas, mientras que de 2012 a 2016 autoridades estatales ejecutaron desapariciones directamente a través de fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. Se destacó el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos delitos. El CED había presentado previamente un documento en abril de 2022 donde señalaba que solo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos habían sido judicializados, con apenas 36 sentencias a nivel nacional en ese momento.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno han declarado que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco afirmó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. El gobierno federal planteó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que actualmente existen marcos legales y comisiones de búsqueda para mejorar la situación.
El 3 de abril de 2026, el gobierno federal dio a conocer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con una nueva clasificación de casos. A pesar de esto, el Comité insistió en 2023 en la deficiencia en la judicialización, la persecución penal y el uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos. Como parte de su visita en 2021, el organismo había emitido 84 recomendaciones al gobierno mexicano.
Con la activación del Artículo 34, el Comité busca que la Asamblea General de la ONU adopte medidas que apoyen a México a prevenir, investigar, sancionar y erradicar las desapariciones forzadas. La medida coincide temporalmente con reportes oficiales que confirman la existencia de más de 130 mil personas desaparecidas en el territorio nacional.