Informe critica fallas y simulación en las elecciones judiciales de 2025
Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- Un informe conjunto elaborado por la Fundación Konrad Adenauer México y diversas organizaciones de la sociedad civil criticó las deficiencias estructurales y la posible simulación en las elecciones judiciales realizadas en junio de 2025. El documento, titulado Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico, analiza la primera elección extraordinaria llevada a cabo tras la implementación de la reforma judicial de 2024 y señala vacíos legales e interferencias en el proceso.
El estudio, que consta de más de 200 páginas, fue coordinado por Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México. En su análisis, las organizaciones participantes —entre ellas México Evalúa, Juicio Justo, el Centro para la Investigación de Crímenes Atroces, Diálogo Judicial y Laboratorio Electoral— destacan una participación ciudadana del 13 por ciento del censo electoral, lo que equivale a cerca de 13 millones de personas.
Uno de los puntos centrales del reporte es la composición de los órganos judiciales resultantes del proceso electivo. Según las cifras presentadas en el informe, la totalidad de los jueces electos para la Suprema Corte de Justicia cuentan con el respaldo del Gobierno. Asimismo, el documento indica que el 65 por ciento de los magistrados federales y el 42 por ciento de los juzgadores federales elegidos también responden a dicho respaldo oficial.
La investigación detalla que el proceso estuvo marcado por deficiencias estructurales y posibles interferencias que comprometieron la independencia del poder judicial. Aunque el texto menciona la existencia de mecanismos de orientación del voto conocidos como acordeones y señala la improvisación de autoridades competentes, el informe se centra en los datos agregados sobre el resultado final y la influencia gubernamental en las designaciones.
Las organizaciones firmantes del balance crítico subrayan que estos resultados reflejan un escenario donde la elección no garantizó la autonomía de los impartidores de justicia. La convergencia de una baja participación relativa y un alto porcentaje de funcionarios alineados con el ejecutivo plantea, según el documento, dudas sobre la legitimidad y el funcionamiento futuro del sistema judicial bajo este nuevo esquema de selección popular.
Este reporte se presenta casi un año después de los comicios, ofreciendo una evaluación retrospectiva que cuestiona los fundamentos de la reforma judicial aplicada en 2024. Las entidades civiles involucradas mantienen que el análisis de los datos duros obtenidos durante la jornada electoral evidencia un modelo que podría subordinar la impartición de justicia a intereses políticos, en contraste con los objetivos declarados de democratización del poder judicial.