Imputan a exgobernador Bonilla por caso planta fotovoltaica en Mexicali
Por Redacción
Mexicali, 19 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja determinó que existen pruebas necesarias para formular la imputación en contra del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el fallido proyecto de una planta fotovoltaica. La decisión fue emitida tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas entre el 18 y 19 de marzo en el Centro de Justicia de Mexicali.
La investigación judicial se centra en un contrato celebrado con la empresa Next Energy durante la administración de Bonilla, el cual involucra 123 millones de pesos que fueron retenidos y posteriormente regresados. La actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que la denuncia surgió debido a inconsistencias detectadas en los contratos y el proyecto, enfatizando que no se trata de un tema personal, sino de la legalidad del proceso.
Ante la imputación, Jaime Bonilla Valdez mantuvo su postura de que el estado nunca se comprometió a construir la planta fotovoltaica, argumentando que la responsabilidad recaía en la empresa Next Energy y que únicamente existía una garantía de depósito para cubrir la primera mensualidad. El exmandatario calificó como una “narrativa errónea” las acciones de la administración actual y de los medios de comunicación respecto al caso.
Bonilla Valdez cuestionó por qué no se ha citado a los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron la iniciativa del proyecto, sugiriendo que su responsabilidad fue solo presentar la propuesta legislativa. Sin embargo, el juez de control validó los elementos presentados por la fiscalía para proceder legalmente en contra del exgobernador y otros funcionarios de su gabinete.
Como siguiente paso en el proceso legal, la audiencia de vinculación a proceso ha sido programada para el lunes 23 de marzo a las 9:00 horas en el Centro de Justicia de Mexicali. En esta etapa se definirá si el exgobernador queda sujeto a proceso penal formal por los delitos de corrupción y daño al erario que se le atribuyen.