IECM inicia procedimiento sancionador por violencia política de género contra diputada

Por Redacción

Ciudad De México, 15 de marzo de 2026.- El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un procedimiento especial sancionador contra un ciudadano y un medio de comunicación digital por presuntas conductas de violencia política contra las mujeres, en un caso que involucra a la diputada local Tania Larios. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, identificó al youtuber Manuel Pedrero como el responsable de los ataques y lo calificó como ‘cínico que se presenta como periodista mientras actúa como golpeador digital al servicio del régimen’.

La Comisión Permanente de Quejas del IECM aprobó el inicio del procedimiento luego de analizar las expresiones vertidas en un programa de noticias transmitido a través de redes sociales. Aunque la resolución no especifica nombres, Moreno Cárdenas señaló directamente a Pedrero, conocido en redes como @YosoyPedrero, como el autor de los contenidos que constituirían violencia política de género.

Moreno Cárdenas afirmó que el youtuber actúa ‘al servicio del régimen’, en clara referencia al gobierno de Morena, aunque no presentó evidencias concretas que sustenten esta acusación. Hasta el momento, Pedrero no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones en su contra.

El caso se enmarca en el contexto de crecientes tensiones políticas entre el PRI y Morena, donde las redes sociales se han convertido en campo de batalla para descalificaciones y ataques personales. La violencia política de género ha ganado relevancia en la agenda pública luego de reformas electorales que buscan proteger los derechos políticos de las mujeres.

El IECM, como autoridad electoral local, tiene facultades para investigar y sancionar conductas que afecten la igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales. El procedimiento especial sancionador podría derivar en medidas cautelares o sanciones administrativas contra los responsables una vez que se comprueben las conductas denunciadas.

Este caso representa una prueba para los mecanismos de protección contra la violencia política hacia las mujeres en el ámbito digital, donde los ataques suelen amplificarse y tener mayor impacto. Organizaciones civiles han alertado sobre el aumento de este tipo de agresiones, particularmente contra mujeres en cargos de elección popular.

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