FGR cierra investigación del Tren Interoceanico tras acuerdos reparatorios con 145 víctimas
Asuncion Ixtaltepec, 09 de abril de 2026.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el 8 de abril de 2026 el cierre del litigio penal derivado del descarrilamiento del Tren Interoceanico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en la comunidad de Nizanda, municipio de Asuncion Ixtaltepec, Oaxaca. El siniestro, registrado a las 09:28 horas, dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 98 lesionadas.
La dependencia explicó que 145 víctimas del accidente optaron por concluir el conflicto mediante justicia alternativa, firmando acuerdos reparatorios que derivaron en la extinción de la acción penal correspondiente. De las personas beneficiadas con la reparación integral, 114 son adultos y 31 son niñas, niños y adolescentes. Godoy Ramos señaló que la reparación se otorgó “de forma inmediata” y no se limitó a una compensación económica, sino que incluyó atención médica continua, apoyo psicológico y acompañamiento jurídico.
En cuanto a las responsabilidades penales, los ministerios públicos acreditaron la comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. La FGR obtuvo órdenes de aprehensión y de cateo, y la autoridad judicial emitió autos de vinculación a proceso contra los tres operadores. Los detenidos son Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista capturado el 26 de enero de 2026 en Palenque, Chiapas, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, detenido el 27 de enero de 2026 por no supervisar ni intervenir antes ni después del descarrilamiento.
Las investigaciones determinaron que el descarrilamiento se debió al exceso de velocidad negligente atribuible al maquinista, así como a la omisión del conductor y del jefe de despacho para evitarlo. La caja negra de la locomotora reveló que el convoy circulaba a velocidades de hasta 111 kilómetros por hora en tramos rectos donde el límite máximo permitido era de 70 kilómetros por hora; en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, el tren transitaba a 65 kilómetros por hora cuando el límite establecido era de 50 kilómetros por hora. Godoy afirmó que se “acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas”.
Por otro lado, la FGR descartó el delito de ataques a las vías generales de comunicación, así como los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público. Godoy explicó que esto se determinó “con los dictámenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial”, tras una “minuciosa inspección y toma de muestras con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma”. Asimismo, se corroboró que las locomotoras y vagones cumplían con la normativa aplicable.
Respecto al delito de daño en bienes, la empresa operadora del ferroviario, a cargo de la Secretaría de Marina, decidió otorgar el perdón de la parte ofendida, lo que derivó en el descarte de la investigación por ataques a las vías de comunicación. La titular de la FGR manifestó: “Tengan la certeza de que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad”.
La Secretaría de Gobernación confirmó que el gobierno mexicano concluyó el proceso de reparación integral asumiendo el hecho “con absoluta responsabilidad”, mediante un esfuerzo interinstitucional que incluyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la FGR, la Secretaría de Marina, el Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec y el Gobierno de Oaxaca.