Detenciones de inmigrantes se multiplican por 11 en primer año del segundo mandato de Trump
Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1,000%, según un análisis que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026.
La probabilidad de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente. En contraste, hubo un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales, las cuales han aumentado un 770% en este periodo. Bajo el Gobierno de Trump, más de un 70 por ciento de las personas retenidas en centros de detención no han sido condenadas por ningún crimen; quienes sí tienen convicciones son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico.
Este aumento en las detenciones se tradujo en un incremento de cinco veces en el número de deportaciones. La tasa de deportaciones ejecutadas en un plazo de dos meses tras la detención se duplicó, pasando del 27% al 57%, mientras que la liberación en un plazo de 60 días se convirtió en un suceso excepcional, ocurriendo solo en el 7% de los casos. Asimismo, las salidas voluntarias y los retornos se multiplicaron por 28, un fenómeno que el Reporte de la Universidad de California Berkeley describe como posible evidencia de que muchas más personas optaron por desistir de sus casos.
Para financiar estas operaciones, el Gobierno de Donald Trump destinó más de 250 millones de dólares en Estados Unidos para programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y departamentos de policías locales. Hasta la fecha, 976 departamentos de policía han firmado acuerdos con el Gobierno federal, recibiendo más de 100 mil dólares por departamento, con un bono adicional de 7,500 dólares por cada agente que entre en el programa y comience a arrestar migrantes. Florida y Texas lideran la adhesión con 270 y 161 departamentos respectivamente, habiendo recibido más de 149 millones y 13 millones de dólares en desembolsos federales.
La Administración Trump también cuadruplicó con creces, 4.5 veces, el número de camas de detención destinadas a personas arrestadas dentro del territorio estadounidense. Según estimados de FWD.us, el DHS ha entrenado a entre 13,800 y 15,800 policías en todo el país para realizar labores de migración. Felicity Rose, vicepresidenta de política de justicia penal de FWD.us, señaló que este esquema “incentiva el sesgo racial en la actuación policial y los arrestos por delitos menores”, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la medida “ayudaría a arrestar y deportar a ‘lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas'”.
La agresividad de los operativos ha generado incidentes violentos y temores en la comunidad. Un conductor llamado Carlos Iván Mendoza Hernández fue herido por agentes del ICE cerca de la Interestatal 5 en Patterson, California. Todd Lyons, director interino de ICE, dijo que los oficiales “efectuaron los disparos defensivos” después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a un agente. Lyons afirmó que el inmigrante era un miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador. Sin embargo, Patrick Kolasinski, abogado de Mendoza Hernández, negó que su cliente fuera miembro de alguna pandilla y mostró documentos de absolución, asegurando que el hombre “retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”.
El miedo a la deportación también ha tenido consecuencias fatales. Jesús Juárez Cruz, un inmigrante mexicano de 50 años, murió a finales de febrero sin acudir a un hospital por temor a ser detenido. Su viuda, Guadalupe, relató: “We were afraid that ICE agents would come and take him away”. Desde que Trump regresó al poder, se han reportado agentes enmascarados entrando en hospitales, tras derogar una política que prohibía arrestos en estos espacios sensibles. Organizaciones de defensa de migrantes indican que estas acciones han “provoked fear in the community”.