Defensa de Maduro y Cilia Flores solicita financiamiento legal ante tribunal de Nueva York
Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly presentaron una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York solicitando financiamiento legal para la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores, bajo el argumento de que sus clientes carecen de recursos propios para costear su representación.
En la documentación presentada, la defensa afirma que Maduro y Flores aseguran no tener capacidad económica para pagar a sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal así lo requiere. Los legales sostienen que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague los honorarios de la defensa, lo cual consideran una interferencia con su derecho a elegir representación legal.
La solicitud se produce en el contexto de las acusaciones por narcotráfico que enfrentan ambos funcionarios venezolanos en este tribunal. La defensa busca que el caso sea desestimado por irregularidades legales y tiene programada una audiencia para el 26 de marzo de 2026.
El argumento central de los abogados Pollack y Donelly radica en que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela desde 2015, y la no recognición de Maduro como presidente legítimo por parte de Washington, han creado un obstáculo administrativo para que el ejecutivo venezolano pueda transferir fondos destinados a la contratación de abogados en suelo estadounidense.
Hasta el momento, la investigación no especifica el monto total requerido para la defensa legal ni detalla qué tipo de pruebas financieras podrían ser presentadas por los acusados. Tampoco se menciona una postura oficial explícita del Gobierno de Venezuela sobre su intención de financiar la defensa, más allá de lo alegado por los abogados en su petición al juez federal Alvin Hellerstein.
La resolución de esta solicitud podría marcar un precedente en cómo se manejan los derechos de defensa de funcionarios sancionados en el sistema judicial estadounidense, donde la interacción entre las regulaciones de la OFAC y las garantías constitucionales de los acusados genera complejidades jurídicas significativas.