APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2025: RECORTAN MÁS DE 900 MIL MILLONES PARA SALUD
Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 generó controversia, especialmente por los recortes significativos al sector salud. En una sesión semivacía, los diputados aprobaron un gasto total de 9.3 billones de pesos, con una reducción del 11% en los recursos destinados a la salud, lo que equivale a 918,447 millones de pesos.
Este recorte fue criticado por diversos legisladores y expertos, quienes advierten que esta disminución pone en riesgo el acceso a servicios médicos esenciales para la población.
Reducir los recursos destinados al sector salud en el presupuesto 2025 es un error grave que podría tener consecuencias devastadoras. La disminución del gasto se traduce en menos medicamentos, atención médica y recursos para hospitales, lo que afectará especialmente a los grupos más vulnerables.
La falta de inversión adecuada no solo impide alcanzar los objetivos de universalidad en salud propuestos por el gobierno, sino que también amplía las brechas existentes entre quienes tienen acceso a servicios médicos y quienes no.
Los recortes también impactan la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la salud. Con un presupuesto que representa solo el 2.5% del PIB, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud, se pone en riesgo la implementación efectiva del IMSS-Bienestar y otros programas esenciales.
La reducción en el financiamiento para medicamentos y tratamientos críticos podría resultar en un aumento de enfermedades no tratadas y complicaciones médicas que podrían haberse evitado.
La aprobación del presupuesto 2025 con recortes al sector salud refleja una falta de compromiso con el bienestar de la población mexicana. La historia reciente muestra que descuidar este sector ha llevado a crisis sanitarias y un deterioro generalizado en la calidad de atención médica. Es fundamental que se reconsideren estas decisiones presupuestarias para priorizar la salud pública y asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios médicos dignos y efectivos.