Anuncia Michoacán reforma para juzgar a menores como adultos tras asesinato de dos maestras
Morelia, 28 de marzo de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció el envío de una iniciativa de reforma al Código Penal Federal con el objetivo de que adolescentes sean juzgados como adultos en casos de delitos graves, medida que se suma al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La decisión del mandatario estatal responde al asesinato de dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, presuntamente perpetrado por un adolescente de 15 años identificado como Osmar N. Durante una entrevista, Ramírez Bedolla subrayó que, aunque este es el primer caso de estas características en la entidad, existen antecedentes de que grupos criminales utilizan a menores para actividades delictivas aprovechando su inimputabilidad ante las leyes mexicanas.
“Enviaremos la iniciativa, ya la estamos preparando, porque, aunque es el primer caso en Michoacán, no podemos permitir que se siga replicando”, declaró el gobernador, quien enfatizó la necesidad de tratar como delitos de alto impacto aquellos actos cometidos con consciencia por parte de los jóvenes.
En el ámbito procesal, el Ministerio Público ha imputado a Osmar N por el delito de feminicidio, así como por portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército. La audiencia de control y formulación de imputación se llevó a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes y Adultos Jóvenes, debido a la minoría de edad del involucrado.
Hasta el momento, la situación legal del adolescente no se ha resuelto definitivamente. A petición de la defensa, se concedió la duplicidad del término constitucional para que el juez determine la vinculación a proceso y califique el delito. Se tiene previsto que la audiencia se reanude el próximo lunes para conocer el resolutivo correspondiente.
Las víctimas mortales fueron identificadas como María del Rosario y Tatiana, docentes de la preparatoria “Anton Makárenko”. El caso ha generado un debate sobre la legislación vigente y la responsabilidad penal de los menores en contextos de violencia extrema.