Aprueba Cámara reforma a Ley de Vivienda; SCJN enfrenta contradicciones en gasto y equidad de género
Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, marcando un avance legislativo en materia de derechos sociales, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presenta cifras contradictorias sobre el uso de sus recursos, al cancelar becas educativas por falta de presupuesto pero mantener gastos para eventos sindicales.
La sesión plenaria, celebrada el 24 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, contó con la participación de la Comisión de Vivienda, presidida por Maribel Martínez Ruiz, aunque no se detallaron las declaraciones específicas de la legisladora en el registro disponible. La aprobación de la reforma se da en un contexto donde más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal, lo que subraya la necesidad de políticas habitacionales accesibles.
En paralelo, el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro, que contempla la construcción de 2,490 casas, avanza bajo la supervisión de autoridades locales como Fernando Mercado Guaida, alcalde de La Magdalena Contreras, y la diputada Diana Sánchez Barrios. Este esfuerzo se suma a las acciones de Infonavit, encabezado por Octavio Romero Oropeza, y cuenta con el respaldo de organizaciones como la CTM de Tereso Medina.
Por otro lado, la SCJN, dirigida por Hugo Aguilar Ortiz, reveló datos financieros que exponen tensiones en la asignación de fondos. En 2024, el tribunal donó 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, sumando un total de 32.5 millones de pesos en los últimos años. Sin embargo, en 2025 canceló los donativos para becas de estas instituciones alegando falta de presupuesto, decisión que contrasta con la destinación de 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para eventos en ese mismo año; entre 2021 y 2024, estos gastos sindicales alcanzaron los 10.2 millones de pesos.
La cuestión de la equidad de género también centra la agenda judicial. Mónica Soto Fregoso, magistrada del TEPJF, participa en los esfuerzos para fortalecer la justicia con perspectiva de género, mientras que en Quintana Roo, 62 de 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres. No obstante, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, ha señalado que aún no se ha alcanzado la “equidad real” entre hombres y mujeres en el país, a pesar de las reformas legales implementadas.
La dinámica política se extiende a otros niveles de gobierno y actores sociales. El Congreso de Aguascalientes y el Congreso de la Ciudad de México continúan debatiendo modificaciones locales, mientras la Arquidiócesis de México y la Secretaría de las Mujeres, liderada por Citlali Hernández Mora, mantienen posturas sobre temas ideológicos y sociales. Estas acciones reflejan una agenda descentralizada donde conviven avances en derechos con disputas sobre la administración de recursos públicos.
Quedan pendientes detalles específicos sobre las modificaciones rechazadas durante la aprobación en lo particular de la reforma habitacional, así como el contenido completo y el resultado de la votación del proyecto de ley en materia de humanidades y ciencias impulsado por la SCJN. La continuidad de estos debates legislativos y judiciales definirá el impacto real de las medidas anunciadas en el primer trimestre de 2026.