Vinculan a proceso a Jaime Bonilla por irregularidades en proyecto Next Energy
Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el proyecto de planta fotovoltaica Next Energy. La resolución fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja tras concluir una audiencia que se extendió por casi 24 horas, iniciada el día anterior, en la capital del país.
La Fiscalía General del Estado de Baja California acusó a Bonilla de cometer irregularidades durante su gestión que derivaron en un daño al erario estatal. Según las cifras presentadas en el caso, el contrato del proyecto Next Energy comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos por un periodo de 30 años. Como medida cautelar, el magistrado fijó una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos para el exfuncionario y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Durante el procedimiento, surgieron contradicciones entre la defensa y la acusación. Bonilla Valdez argumentó que los pagos de 123 millones de pesos vinculados al proyecto se realizaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el que aseguró ya no se encontraba en funciones. Asimismo, sostuvo que su administración únicamente pagaría por un servicio de energía y no tenía la obligación de construir la planta, postura que contrasta con las acusaciones fiscales que señalan irregularidades en los permisos otorgados y los compromisos financieros adquiridos.
El caso Next Energy refiere a un contrato para la instalación de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca llegó a construirse, generando investigaciones sobre el presunto daño patrimonial para el estado. Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente asumió la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT). La audiencia contó con la participación de representantes de la Fiscalía local, mientras se mantiene a la espera de mayores detalles sobre las pruebas específicas presentadas por la autoridad ministerial.
Con esta vinculación a proceso, el exmandatario queda sujeto a la justicia penal mientras se profundiza la indagatoria sobre los hechos. La situación jurídica de otros colaboradores mencionados en el caso y la respuesta oficial de la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no fueron detalladas en la resolución inicial dada a conocer este martes.