Autoridades y activistas discrepan sobre avance de limpieza tras derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Veracruz, 24 de marzo de 2026.- Las autoridades federales y organizaciones ambientales mantienen versiones contradictorias sobre la magnitud y el estado de la respuesta ante el derrame de hidrocarburos que afecta al menos 630 kilómetros de litoral en el Golfo de México, abarcando desde la laguna de Tamiahua en Veracruz hasta Paraíso en Tabasco. Mientras la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (Pemex) reportan avances significativos en las labores de recolección, Greenpeace México denuncia que persisten 26 sitios sin atención oficial y que la fuente del vertido sigue sin identificarse claramente.
De acuerdo con los informes oficiales, la SEMAR ha recolectado 30 kilogramos de material contaminante en la playa Mata de Uva y otros 300 kilogramos en la zona de El Faro, en Alvarado. Por su parte, Pemex informó que las labores de limpieza registran un avance general aproximado del 85%, con énfasis en la recuperación de hidrocarburos en el mar y en playas específicas como Barillas, Linda y Jicacal. No obstante, la organización ambientalista cuestiona estas cifras al señalar que en sus registros se observan 26 localidades donde no ha llegado la respuesta gubernamental; en nueve de estos puntos, la limpieza ha sido realizada únicamente por las comunidades afectadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha solicitado una investigación penal sobre el evento y ha indicado que, aunque Pemex participa en las labores de remediación, la empresa estatal no es la causante del derrame. Fuentes oficiales han descartado que el origen esté vinculado a instalaciones de la paraestatal, atribuyendo el hecho a la industria petrolera en la zona, aunque hasta el momento no se ha determinado la identidad concreta de la empresa o embarcación responsable. Esta falta de claridad sobre la fuente impide asegurar que el vertido haya cesado definitivamente, según advierten expertos y activistas.
La emergencia ha generado graves impactos socioeconómicos y ambientales en el Corredor Arrecifal del Suroeste, un Área Natural Protegida de más de 1.1 millones de hectáreas. Comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes de municipios como Pajapan, Tatahuicapan, Mecayapan y Alvarado han reportado pérdidas económicas severas debido a la suspensión de actividades de pesca y turismo. Habitantes de la zona, como Martina Beltrán y Esteban Hernández Hernández, representante del Centro Ecoturístico Los Arrecifes, han denunciado que han tenido que realizar labores de limpieza sin contar con el equipo ni la capacitación adecuados, exponiéndose a riesgos de salud, sin haber recibido indemnización alguna por los daños sufridos.
Ante la discrepancia entre los reportes oficiales y la realidad en las playas, donde incluso se ha detectado el retorno de crudo a zonas previamente atendidas, las autoridades han desplegado brigadas para evaluar riesgos en áreas naturales protegidas. Se ha acordado que los municipios habiliten sitios temporales para almacenar el hidrocarburo recolectado, cuya disposición final estará a cargo de Pemex. Sin embargo, la sociedad civil exige medidas más contundentes y transparentes para sancionar a los responsables y garantizar la remediación integral de los ecosistemas afectados, mientras continúa la incertidumbre sobre el origen exacto del desastre ambiental.