FGR interna al contralmirante Fernando Farías en El Altiplano tras extradición desde Argentina

Por Redacción

Almoloya De Juárez, 22 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) concretó el traslado del contralmirante Fernando Farías Laguna desde Argentina para ingresarlo al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.

La entrega formal se realizó el 20 de agosto de 2026, tras la coordinación de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina con el gobierno de Argentina. El exmando naval aterrizó a las 3:00 horas del 21 de agosto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, después de cumplir con la certificación médica y los protocolos de la fiscalía, fue trasladado en helicóptero, arribando al helipuerto del penal a las 6:23 horas.

Farías Laguna quedó internado en el Centro de Observación y Clasificación (COC) a la espera de la fijación de su audiencia de imputación, la cual podría declararse privada por motivos de seguridad nacional. El contralmirante enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, siendo señalado como uno de los líderes de la red de contrabando de combustible denominada ‘Los Primos’.

Según registros oficiales, Fernando Farías Laguna ostentaba el rango de contralmirante, mientras que su hermano Manuel Roberto poseía el de vicealmirante. El detenido, quien fue dado de baja de la Secretaría de Marina (SEMAR), es sobrino político del exsecretario José Rafael Ojeda Durán. Farías había huido de la justicia mexicana tras no comparecer a audiencias previas en Almoloya, lo que motivó una orden de aprehensión judicial.

Su captura ocurrió el 23 de abril de 2026 en la provincia de Palermo, Buenos Aires, donde utilizaba documentación falsa para ocultar su identidad. La FGR lo vincula con la dirección de un esquema que defraudó al erario por 177 mil millones de pesos mediante el ingreso ilegal de hidrocarburos por puertos como Tampico y Ensenada.

Las indagatorias ministeriales, respaldadas por el testimonio del testigo protegido ‘Santos’, indican que la red cobraba una cuota de un millón 750 mil pesos por cada buque con combustible de contrabando. La organización involucra a 555 empresas factureras y de transporte, así como la complicidad de elementos de la SEMAR, personal de aduanas y la provisión logística de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y el del Golfo.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó anomalías que incluyen la adquisición de un vehículo de 1.8 millones de pesos, una póliza de vida por 11 millones y depósitos por 52 millones en casas de apuestas. La defensa legal del detenido enfrentará el proceso penal desde El Altiplano, mientras las autoridades continúan la búsqueda del presunto financiero de la red, Roberto Blanco Cantú.

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