Denuncias de abusos, fraudes y rescates internacionales marcan la agenda judicial
Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- Un conjunto de denuncias por abusos sexuales, fraudes financieros de gran magnitud y controversias internacionales sobre la custodia de menores concentra la atención de autoridades judiciales y diplomáticas. Los hechos abarcan desde la entrega de un informe con 21 testimonios en el Vaticano hasta operaciones policiales en Italia y California, pasando por investigaciones en curso en Puebla y Nuevo León.
En el ámbito eclesiástico, EL PAÍS entregó en el Vaticano un informe que incluye 21 testimonios acusando a 24 sacerdotes, religiosos y laicos de ocho países de pederastia en América. El documento detalla casos en Colombia, Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela, siendo Colombia el país con mayor número de registros, con 13 casos que representan más de la mitad del total.
En México, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó el inicio de cuatro investigaciones por hechos con apariencia de delito cometidos en agravio de menores al interior del Colegio Carrusel Magone. Estas carpetas fueron atraídas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Paralelamente, en la Ciudad de México, el Refugio Franciscano denunció presuntas irregularidades en el manejo de más de 200 millones de pesos por parte de Carmela Rivero y abogados vinculados a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., exigiendo su remoción del patronato.
Respecto a los animales asegurados en dicho refugio, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) negó la existencia de alguna orden oficial para devolverlos, señalando que la decisión pertenece exclusivamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la cual mantiene la investigación por delitos ambientales. Fernando García Juárez, abogado de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, declaró que “ahora es la Sedema la que reconoce ante el juez que los seres sintientes no regresarán a un entorno considerado insalubre y peligroso conforme a dictámenes periciales, lo cual fortalece la necesidad de privilegiar su protección, bienestar y eventual adopción responsable”.
En materia de fraudes patrimoniales, Liliana Leal y alrededor de dos mil personas fueron afectadas por la familia Lobatón mediante su empresa Proyectos9 por más de 11 mil millones de pesos en Nuevo León. Raymundo Ramírez Pompa, abogado de las víctimas, calificó el hecho como “un fraude monumental de proporciones sin precedentes” y afirmó: “Se trata de un esquema Ponzi, un fraude piramidal. Sin la anuncia, aquiescencia y confabulación de las autoridades judiciales, no se hubiera podido sostener impunemente a la familia Lobatón durante 10 años”. El legalista denunció una “evidente relación directa de encubrimiento y protección a los Lobatón por parte de la fiscalía” estatal.
En el plano internacional, la Cancillería de la Federación Rusa convocó al embajador de México en Moscú, Eduardo Villegas Megías, para reiterar su preocupación por la presunta retención ilegal de la joven rusa Kristina Románova, de 17 años, en instalaciones del DIFEM en Toluca. La menor fue retirada de sus clases en el Instituto Educativo España ante la detección de posibles riesgos de violencia familiar y la denuncia de un presunto abuso sexual cometido en diciembre de 2021. Por otro lado, el FBI informó que “rescató” a un menor estadounidense de 10 años en Cuba, quien supuestamente fue trasladado por una de sus madres, una mujer transgénero, y su pareja; las autoridades detuvieron a la pareja en Cuba con ayuda de sus pares locales y trasladaron al menor a EE.UU. en un avión enviado para tal fin.
Finalmente, otras condenas y operativos destacan en el reporte: en California, Alfiya Zuckerman, Ruben Tamrazian y Vahe Muradkhanyan fueron condenados a 180 días de cárcel y dos años de libertad condicional por fingir ataques de oso a vehículos de alta gama para cobrar seguros, debiendo pagar restituciones que suman más de 100 mil dólares. En Italia, la Guardia di Finanza desmanteló una red acusada de explotar la prostitución y gestionar eventos para futbolistas de alto nivel, resultando en cuatro arrestos domiciliarios por favorecer la prostitución y blanqueo de capitales.