Acusan a armero en Arizona de vender armas a cárteles Jalisco y Sinaloa
Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Laurence Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, por presuntamente traficar armas de fuego hacia México para abastecer a los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS). La denuncia, revelada este miércoles en Phoenix, Arizona, marca uno de los primeros casos criminales por apoyo material al terrorismo vinculados a la venta de armamento a estas organizaciones, las cuales fueron designadas como grupos terroristas extranjeros por Washington en febrero de 2025.
Según los cargos presentados, los dos implicados realizaron cinco operaciones de venta ilegal entre febrero y mayo de 2025. La investigación señala que Gray es propietario del negocio “Grips by Larry”, una armería ubicada a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora. Aunque el Semanario ZETA menciona únicamente a Gray como acusado, el medio español EL PAÍS México confirmó la participación de ambos hombres en la trama denunciada por las autoridades federales estadounidenses.
La estrategia legal del Departamento de Justicia se basa en la reciente clasificación del CJNG y del CDS como Organizaciones Terroristas Extranjeras, una medida adoptada por el Departamento de Estado bajo la administración del presidente Donald Trump. Esta designación permite perseguir penalmente a quienes brinden soporte logístico o material a estos grupos, elevando las posibles condenas para los traficantes que operan cerca de la línea divisoria con México.
Las autoridades no han divulgado aún los nombres de los intermediarios o “compradores de paja” que habrían facilitado la transferencia física de las armas, ni precisaron el destino final exacto de los arsenales dentro del territorio mexicano. No obstante, la proximidad de la armería de Gray a la frontera de Sonora sugiere una ruta directa de introducción de armamento de alto calibre hacia las plazas disputadas por las organizaciones criminales señaladas.
Este caso representa un precedente significativo en la aplicación de leyes antiterroristas estadounidenses al combate del narcotráfico. Mientras se define el proceso judicial contra Gray y Weinberger, las penas potenciales por los delitos imputados oscilan en rangos severos, reflejando la postura endurecida de Washington contra el flujo de armas que alimenta la violencia en México. La justicia estadounidense continuará con las audiencias preliminares para determinar la situación legal de los acusados en los próximos días.