SAT revoca permisos de donatarias a más de 100 organizaciones civiles; generan críticas
Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización de donatarias a más de 100 organizaciones civiles, entre las que se incluyen Mexicanos Primero, IMCO, México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción, según información difundida este martes. La medida ha generado críticas de grupos defensores de derechos humanos y cuestionamientos sobre el impacto en la sociedad civil organizada.
De acuerdo con las cifras manejadas, se canceló el permiso a 113 organizaciones, aunque otras fuentes mencionan hasta 270 entidades de un padrón de más de 10 mil donatarias autorizadas. Estas organizaciones pierden la capacidad de recibir donativos deducibles de impuestos (ISR), un mecanismo clave para su financiamiento operativo.
El SAT justifica la revocación como un procedimiento técnico-legal derivado del incumplimiento de requisitos por parte de las organizaciones, incluyendo obligaciones relacionadas con la Ley de Ciencia. Sin embargo, Amnistía Internacional México interpreta la medida como una acción política que debilita a la sociedad civil y forma parte de una tendencia regional de restricciones a organizaciones no gubernamentales.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró a medios que desconoce los detalles específicos sobre cuántas y cuáles organizaciones fueron afectadas, presentando la decisión como una medida técnica y autónoma del SAT. En sus declaraciones, mencionó el caso previo de Mexicanos contra la Corrupción, al que se le retiró el permiso en la administración anterior por recibir dinero del extranjero.
La polémica se enmarca en un contexto donde organizaciones críticas al gobierno han perdido este permiso, mientras que contrasta con la autorización exprés en dos días a Humanidad con América Latina A.C., una asociación vinculada al expresidente López Obrador. Otras organizaciones han reportado plazos de hasta dos años para obtener la autorización.
Amnistía Internacional señaló que existe una carga administrativa excesiva y requisitos reiterativos que dificultan el mantenimiento del estatus de donataria para las organizaciones civiles. La medida afecta la capacidad de estas entidades para operar programas sociales, de investigación y de vigilancia ciudadana que dependen de donativos deducibles.
La controversia pone en discusión la autonomía del SAT frente a las percepciones públicas de un acto de gobierno con impacto político. Las organizaciones afectadas enfrentan ahora la necesidad de buscar alternativas de financiamiento o subsanar los incumplimientos señalados por la autoridad fiscal para recuperar su estatus.