Comisión Instructora analizará desafuero de Alito Moreno tras Semana Santa
Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Hugo Eric Flores, sesionará después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI y senador, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos.
El legislador morenista indicó que la sección instructora tiene la obligación de sesionar antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, por lo que se ha programado la reunión para después del descanso vacacional. Según Flores, esta decisión busca no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual ocupa la agenda legislativa actual.
La acusación formal proviene de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que señala a Moreno Cárdenas por irregularidades cometidas durante su gestión. Este proceso jurídico se suma al escrutinio administrativo que enfrenta el priista por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual detectó posibles desvíos de recursos por 3 mil 435 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2018, cuando ocupaba la gubernatura de ese estado.
De acuerdo con reportes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en enero de 2022, tres años después de que Moreno dejó el ejecutivo estatal, aún estaban pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de las observaciones de la ASF de 2018. Análisis de datos sugieren que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF fue benévola en años recientes, permitiendo que se perdonaran o solventaran cuentas pendientes del exgobernador, que suman más de 2 mil 700 millones de pesos.
Alejandro Moreno Cárdenas fue gobernador de Campeche del 15 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, cargo que dejó para contender y obtener la dirigencia nacional del PRI, posición que mantiene actualmente junto con su cargo como senador. La convergencia de la acusación penal por 83 millones y las irregularidades administrativas por miles de millones marca el contexto político y legal en el que se desarrollará el proceso de desafuero en las próximas semanas.