Senado analiza ‘Plan B’ de reforma electoral; críticas surgen por cambios en revocación de mandato
Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado iniciaron la discusión del llamado ‘Plan B’, una iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el rechazo de la propuesta original en la Cámara de Diputados. El proyecto centra sus cambios en los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, con énfasis en la regulación de la revocación de mandato, la reducción de presupuestos para congresos estatales y ayuntamientos, y la limitación de salarios para funcionarios electorales.
Uno de los puntos más debatidos de la iniciativa es la modificación al proceso de revocación de mandato. La propuesta establece que la consulta se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del ejercicio del cargo, lo que implicaría su celebración en 2027 o 2028 de ser aprobada. Además, el texto permite que la persona sujeta a revocación pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor, una facultad que la legislación actual prohíbe al titular del Ejecutivo Federal.
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y Oscar Cantón Zetina, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezan los trabajos parlamentarios para definir la redacción final. Mientras la presidenta Sheinbaum ha expresado su confianza en que el Partido del Trabajo (PT) brindará su apoyo para alcanzar la mayoría calificada, legisladores de esta fuerza política han mostrado resistencia, considerando necesario definir una fecha precisa para la solicitud y evitar la opción de realizarla indistintamente en el tercer o cuarto año.
La iniciativa también propone que la revocación de mandato pueda ser solicitada en una sola ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional. En sus argumentos, la administración federal busca disminuir los costos de operación y organización, así como reducir el agotamiento de la ciudadanía. No obstante, el texto mantiene la prohibición del uso de recursos públicos para la recolección de firmas y la contratación de propaganda con fines de promoción en estos procesos.
Paralelamente a la discusión legislativa, han surgido críticas respecto al impacto democrático de estas modificaciones. José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), ha cuestionado aspectos de la reforma, aunque sin detallar públicamente su postura completa en los registros disponibles. Estas observaciones se suman al contexto de tensión entre el poder legislativo y el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que actualmente aplica medidas de seguridad en 40 inmuebles, las cuales han generado cuestionamientos sobre su efecto en el trabajo periodístico y la transparencia institucional.
El destino del ‘Plan B’ depende ahora de la negociación entre los grupos parlamentarios para consolidar los votos necesarios. La presidenta Sheinbaum ha descartado que los cambios busquen fines de propaganda, argumentando que se trata de ajustes para mejorar la eficiencia del mecanismo de participación ciudadana. Sin embargo, la falta de consenso absoluto entre los aliados del gobierno mantiene la incertidumbre sobre la aprobación definitiva de la reforma en los próximos días.