Vinculan a proceso a ex subprocuradora de Guerrero y otra funcionaria; hay discrepancia sobre los delitos
Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex subprocuradora de Guerrero, así como de otra exfuncionaria identificada únicamente como Margarita A., tras una audiencia judicial celebrada ayer. La medida fue ordenada por la jueza Nora Ileana García Peralta, quien decretó prisión preventiva oficiosa para Estrada Ortega, quien fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla en esta capital.
El contexto de estas acciones legales se sitúa dentro de las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Entre los elementos investigados se encuentra la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, hechos que podrían estar vinculados a la obstrucción de justicia en dicho caso.
Sin embargo, existen discrepancias en la información pública respecto a los delitos específicos por los cuales se vincularon a las exfuncionarias. Mientras algunas fuentes indican que la acción legal responde directamente a las indagatorias sobre el caso Ayotzinapa, otras precisiones periodísticas señalan que la vinculación se dio por delitos contra la salud, así como por la posesión de cartuchos de arma de fuego y medicamentos controlados.
La investigación mantiene un plazo de dos meses para continuar con las diligencias necesarias. Hasta el momento, no se ha especificado el tribunal exacto que emitió la resolución ni se han detallado las participaciones concretas de ambas mujeres en los hechos investigados, manteniéndose la incertidumbre sobre si ambas enfrentan los mismos cargos o si las acusaciones varían entre ellas.
Este desarrollo judicial representa un nuevo capítulo en la larga búsqueda de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos, un caso que ha marcado la agenda nacional desde 2014. La decisión de imponer prisión preventiva oficiosa a la ex subprocuradora subraya la gravedad con la que las autoridades están tratando las posibles responsabilidades de funcionarios públicos en la cadena de eventos relacionados con la desaparición.