Coalición de 24 estados demanda a administración Trump por revocar límites a gases de efecto invernadero
Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición formada por 24 estados, junto con una docena de ciudades y condados de Estados Unidos, presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue filed ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y busca impugnar la decisión ejecutiva tomada en febrero de 2026.
El núcleo de la controversia legal radica en que la EPA actuó, según los demandantes, de manera ilegal al anular una conclusión científica establecida en 2009, la cual determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. La administración Trump procedió con esta revocación a pesar de existir un consenso científico que respalda los riesgos ambientales y sanitarios asociados a estas emisiones.
La coalición de actores subnacionales, que abarca una amplia representación geográfica con 24 estados involucrados, argumenta que la eliminación de estas protecciones carece de fundamento válido y contraviene los precedentes establecidos hace nearly dos décadas. La estrategia legal busca restablecer las normativas que habían estado vigentes basándose en dicha evaluación científica original.
Se prevé que esta nueva demanda se sume a una acción legal anterior iniciada por grupos ecologistas, consolidando así un frente jurídico amplio contra la política ambiental de la actual administración federal. La convergencia de esfuerzos entre gobiernos locales, estatales y organizaciones civiles marca una respuesta coordinada frente a los cambios regulatorios implementados en el inicio del año.
El caso queda ahora bajo la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se determinará la validez de los argumentos expuestos por la coalición de estados y localidades. El resultado de este proceso judicial podría tener implicaciones significativas para la regulación de emisiones y las políticas de calidad del aire en todo el territorio estadounidense.