Impunidad y violencia marcan crisis de justicia en México
Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano alcanzó niveles críticos este año, evidenciada por una impunidad estructural que permite que solo uno de cada 10 delitos tenga una resolución efectiva, sumado a una ola de violencia que dejó 82 policías asesinados entre enero y el 10 de marzo de 2026, según revelaron organismos civiles de monitoreo.
El estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por México Evalúa con base en datos del INEGI, expone que aunque el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación, apenas el 6.28% de estos casos logran avanzar hasta una acción penal concreta. Esta desconexión entre la denuncia y la sanción perpetúa un ciclo de desconfianza ciudadana.
La situación es aún más grave en entidades como Coahuila y Durango, donde la subregistro de delitos alcanza cifras alarmantes. En Coahuila, el 90.7% de los delitos no se denunciaron, mientras que en Durango la cifra asciende al 92.6%, lo que indica que la mayoría de las víctimas optan por no acudir a las autoridades ante la percepción de ineficacia del sistema.
Paralelamente, la organización Causa en Común reportó un incremento significativo en la letalidad contra fuerzas de seguridad. Los 82 homicidios de policías registrados en los primeros dos meses y medio de 2026 subrayan la vulnerabilidad de las corporaciones encargadas de la procuración de justicia, quienes operan en un entorno de alta peligrosidad sin garantías suficientes para cumplir su labor.
Estos hallazgos configuran un escenario donde la impunidad judicial y la violencia física se retroalimentan, debilitando el Estado de derecho. La baja capacidad de resolución efectiva de casos, combinada con el alto riesgo para los operadores policiacos, plantea un desafío urgente para las reformas en materia de seguridad y justicia que el gobierno federal debe abordar para recuperar la confianza social.
Ante este panorama, expertos y organizaciones civiles exigen no solo estrategias de persecución del delito, sino una reestructuración profunda de los mecanismos de investigación y protección, pues los datos actuales sugieren que el sistema colapsa tanto por la incapacidad de procesar casos como por la incapacidad de proteger a sus propios agentes.