Especialistas del INAH denuncian daños arqueológicos en Tren Maya
Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas y profesores de investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra exfuncionarios y actuales responsables de la institución por presuntos daños arqueológicos durante la construcción del Tren Maya, según versiones que indican un proceso en desarrollo aunque existen discrepancias sobre el estado exacto de las acusaciones.
Los denunciantes incluyen miembros de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico y del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH. Entre los señalados figuran el exdirector del INAH Diego Prieto, Margarito Molina como director del Centro INAH Quintana Roo, Manuel Pérez Rivas como encargado del salvamento arqueológico del Tren Maya, y diversos miembros del Consejo de Arqueología.
Según datos proporcionados por el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, más de 62,000 estructuras mayas no habrían sido recuperadas hasta 2026 durante las obras del proyecto ferroviario. Las acusaciones se centran específicamente en los proyectos denominados Parques de la memoria, donde se reporta la reubicación de 36 monumentos arqueológicos en el parque Balam Tun y la supuesta restauración de 47 monumentos mayas en el proyecto de Chetumal.
Las denuncias alegan que las acciones se realizaron bajo el argumento de proyectos de desarrollo, lo que ha generado un conflicto interno dentro de la institución encargada de proteger el patrimonio arqueológico mexicano. Los especialistas buscan que las autoridades correspondientes investiguen las presuntas irregularidades en los procesos de salvamento y conservación.
Existen versiones contradictorias sobre el avance del proceso legal. Mientras algunas fuentes indican que los especialistas preparan las denuncias, otras sugieren que ya se han presentado acusaciones formales y que se presentarán más próximamente. Esta discrepancia refleja la complejidad del caso y la sensibilidad del tema dentro de la comunidad arqueológica nacional.
El caso pone en evidencia la tensión entre proyectos de infraestructura de gran escala y la conservación del patrimonio arqueológico en México. Las consecuencias de estas denuncias podrían incluir investigaciones administrativas y legales contra los funcionarios señalados, además de revisiones en los protocolos de salvamento arqueológico para futuros proyectos de desarrollo en la región maya.