Gobierno federal envía Plan B electoral al Senado con recortes y austeridad

Por Redacción

La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal envió al Senado de la República el denominado Plan B de reforma electoral, enfocado en medidas de austeridad y recortes presupuestales, luego del rechazo de la reforma constitucional original en la Cámara de Diputados. La iniciativa, presentada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante ‘La Mañanera del Pueblo’, establece un máximo de 15 y mínimo de 7 regidurías municipales, topes presupuestales para congresos locales del 0.7% del gasto estatal y reducción progresiva de gastos en el Senado hasta un 15%.

La propuesta mantiene la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial para el año 2027, decisión que genera reacciones políticas inmediatas. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ya manifestó su postura crítica frente a este componente de la iniciativa.

Este Plan B surge como respuesta al rechazo parlamentario de una reforma constitucional más amplia propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que buscaba reducir legisladores plurinominales y financiamiento a partidos políticos. La nueva estrategia se centra en aspectos que podrían lograr mayor consenso al no requerir necesariamente cambios constitucionales en todos sus puntos.

El marco de la iniciativa se enmarca en la política de ‘austeridad republicana’ que caracteriza a la llamada Cuarta Transformación. Sin embargo, se desconoce el monto específico de ahorro que proyecta el gobierno con la implementación de estas medidas, así como la postura detallada de otros partidos políticos representados en el Congreso.

La inclusión del proceso de revocación de mandato para 2027 añade otro elemento controversial al paquete legislativo. Analistas prevén que el debate en el Senado será intenso, particularmente alrededor de los componentes que afectan la estructura del Poder Judicial y los mecanismos de participación ciudadana.

El escenario político se complejiza por la reciente derrota legislativa del gobierno en la Cámara de Diputados, lo que obliga a la administración de Sheinbaum a buscar alternativas que puedan conseguir los votos necesarios para su aprobación en la Cámara alta.

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