Ministra Esquivel propone ajustes a reforma judicial mientras estudio revela alto costo del INE
Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, propuso un “decálogo de ajustes” para la reforma judicial, en medio de un estudio que revela que el Instituto Nacional Electoral (INE) ha ejercido 242,378 millones de pesos entre 2018 y 2026, con el 39.3% de su presupuesto actual destinado al financiamiento de partidos políticos. El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, alertó sobre la judicialización de controversias políticas, en un día de intenso debate sobre el funcionamiento de órganos autónomos.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados detalló que tres capítulos de gasto concentran el 98.2% del presupuesto del INE para 2026, aunque no se precisó el monto total del Poder Judicial para comparar ambas instituciones. El análisis presupuestal coincide con las declaraciones de la ministra Esquivel Mossa, quien abogó por modificaciones a la reforma judicial sin especificar los puntos exactos de su decálogo.
Por su parte, el magistrado Bátiz García señaló desde el TEPJF que los mecanismos alternativos de solución de controversias han demostrado efectividad, aunque omitió mencionar casos concretos de aplicación o los partidos políticos específicos involucrados en estos procesos. El llamado de atención se produce en un contexto donde las tensiones entre poderes y organismos autónomos han aumentado en los últimos años.
Las declaraciones de las autoridades judiciales y los datos presupuestales publicados el mismo día reflejan una agenda nacional de discusión sobre el costo, la eficiencia y el alcance de las instituciones electorales y judiciales. La falta de reacciones oficiales de otros ministros de la SCJN o del Poder Ejecutivo deja en suspenso el posible impacto de las propuestas de ajuste.
El debate se enmarca en una reforma judicial que busca modificar la integración y funciones de la Suprema Corte, así como en críticas recurrentes sobre el presupuesto de organismos electorales. Los especialistas anticipan que estas discusiones se intensificarán en los próximos meses, en un escenario donde la autonomía institucional y el uso de recursos públicos están bajo escrutinio constante.