COLGARON AL PERRO “POPEYE” DE UN ÁRBOL; SOBREVIVE Y ACTIVISTAS EXIGEN CASTIGO EJEMPLAR
Por Luis Martínez Alcántara
Un caso de brutal maltrato animal sacudió al estado de Hidalgo. El lunes 2 de junio, un perro identificado como “Popeye” fue colgado de un árbol en la comunidad de Santa María Asunción, en Tulancingo de Bravo. El hecho fue grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de indignación nacional.
Activistas y ciudadanos alzaron la voz para exigir justicia y castigo para la responsable, quien argumentó que el animal era agresivo. A pesar de la gravedad del caso, no ha sido detenida ni vinculada a proceso. La impunidad preocupa a quienes luchan por los derechos de los animales.
Vannia Castillo, activista e integrante del santuario Hopeful, fue una de las primeras en denunciar el caso tras ver el video. Relató que Popeye fue entregado de forma voluntaria por su agresora, lo cual, hasta ahora, ha evitado cualquier acción penal firme.
“No ha sido vinculada a ningún proceso, eso sigue dando pie a que estas cosas sigan pasando”, declaró. Para Castillo, la falta de consecuencias legales contundentes solo perpetúa este tipo de violencia. “Es un caso indignante. Lo que más me da coraje es que no hay castigo”, subrayó con frustración.
La responsable del ataque declaró que colgó al perro porque supuestamente había mordido a varios miembros de su familia. Afirmó que su intención era “castigarlo” por su conducta agresiva, sin prever las consecuencias físicas y psicológicas para el animal. A pesar de lo ocurrido, Popeye sobrevivió y ha comenzado un proceso de recuperación.
“Ya empezamos con la rehabilitación para, previamente, iniciar con el proceso de adopción”, informó la activista. La historia del perro ha conmovido a la comunidad y renovado el llamado por leyes más estrictas contra el maltrato animal.
En Hidalgo, la legislación vigente contempla una pena máxima de hasta cuatro años de prisión por crueldad animal. Sin embargo, al no ser considerado un delito grave, es posible evitar la cárcel mediante el pago de multas, la reparación del daño y servicio comunitario. Este vacío legal preocupa a defensores de los derechos animales, quienes advierten que muchos casos quedan archivados o impunes.