Por Redacción
Chone, 23 de octubre de 2026.- La excandidata presidencial Luisa González, una de las principales figuras de la oposición de Ecuador, fue detenida la madrugada de este jueves en Canuto, una zona rural de Chone, provincia de Manabí, donde reside, en el marco de una investigación por un presunto delito de lavado de activos vinculado a la financiación de la campaña electoral de 2023.
La Fiscalía y la Policía ejecutaron órdenes de detención contra tres personas en las provincias de Pichincha y Manabí, según informaron en redes sociales, con fines de formulación de cargos por su presunta participación en el delito de lavado de activos. El Ministerio Público investiga posibles inconsistencias en los aportes que recibió la organización política y en el origen lícito de los recursos destinados a la campaña.
La detención se produce a 38 días de las elecciones seccionales, previstas para el 29 de noviembre, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Daniel Noboa y la oposición correísta. González compitió en 2023 por el Movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, y perdió frente a Noboa. La excandidata buscó la Presidencia de Ecuador en dos ocasiones.
La investigación inició en enero de 2026, cuando la Fiscalía allanó la vivienda de González y otros inmuebles en diferentes provincias para recabar documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios relacionados con el presunto financiamiento irregular. El caso indaga la posible entrada de dinero en efectivo procedente de Venezuela a la campaña de González y Andrés Arauz, quien está incluido en el proceso.
González ha negado la acusación y ha advertido que ella fue candidata y no estaba encargada del manejo del dinero. El partido Revolución Ciudadana ha denunciado la detención arbitraria de González y exige a las autoridades que indiquen el lugar exacto donde se encuentra retenida y que permitan el acceso de su defensa técnica, según un comunicado.
La organización señala que la Fiscalía "ha montado de forma exprés una causa penal", de lo que sería una "discrepancia administrativa" en cuentas de campaña por un monto de 6.100 dólares. Dirigentes de Revolución Ciudadana han denunciado un hostigamiento político mediante el uso de las instituciones del Estado para impedirles participar en los próximos comicios.
Por este mismo caso de lavado de activos, el Tribunal Contencioso Electoral impidió la participación de la Revolución Ciudadana en las elecciones de noviembre y sancionó por nueve meses a la organización, que ha tenido que recurrir a alianzas con otros partidos para que sus miembros puedan estar en la papeleta. González intentó presentarse como candidata a la Prefectura de Manabí, su provincia natal, pero el Tribunal ratificó en septiembre la negativa a inscribir su candidatura por el movimiento Pachakutik, con base en el incumplimiento de requisitos internos de afiliación establecidos por esa organización política.


